Astún, la única estación privada de Aragón, al margen de Candanchu, se ha visto obligada a realizar un comunicado para alertar a la opinión pública sobre las negativas consecuencias que supondría para el esquí aragonés implantar nuevamente el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable de la Comunidad Autónoma de Aragón -creado por la Ley 13/2005, de fecha 30 de diciembre de 2005. Este impuesto entró en vigor en enero de 2006 y fue derogado por la Ley 3/2012, 8 marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA. 19 marzo de 2012). Se puso en marcha bajo el mandado del socialista Marcelino Iglesias y se retiró con la llegada de Luisa Fernanda Rudi a la presidencia de la Comunidad Autónoma.
Silencio sospechoso
Suponemos que la queja formal la ha hecho en solitario Astún ya que el resto de estaciones del sector y pertenecientes al grupo semipúblico de Aramón no tiene fuerza para “criticar” a uno de sus propietarios. La Sociedad, que gestiona cinco centros -Cerler, Formigal, Panticosa, Valdelinares y Javalambre-, está participada a partes iguales por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. Candanchu, la otra estación privada que podría haberse añadido al comunicado y recientemente comprada por Ibernieve Aragón, que encabeza el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, no se ha pronunciado ya que a buen seguro tiene problemas internos más importantes que resolver de cara a su funcionamiento.
Comunicado de Astún
«Ante la noticia publicada en la prensa sobre la posible recuperación del impuesto sobre el transporte por cable, los trabajadores y la dirección de Estación Invernal del Valle de Astún, S.A., queremos manifestar nuestro rechazo y oposición a la adopción de dicha medida.
Entendemos que el sector de la nieve es un sector estratégico en la economía aragonesa y especialmente en los valles pirenaicos de la provincia de Huesca, donde actúa como el motor que dinamiza la economía del valle, atrayendo a la zona turistas y recursos económicos de los que las estaciones de esquí tan solo obtienen una pequeña parte, beneficiando con su actividad a toda la comarca en la que se asientan las estaciones de esquí.
Este sector está sufriendo con gran agudeza los efectos de la crisis económica, afrontando graves problemas económicos y financieros, como es bien sabido por el Gobierno de Aragón.
Entendemos que el sector de la nieve en Aragón no tiene capacidad económica para soportar este impuesto y que por lo tanto es injusta su implantación al exigir ingentes esfuerzos tributarios a quienes no están obteniendo beneficios de su actividad, y que por lo tanto, no están en situación de poder pagarlo.
Además, generará una pérdida de competitividad de las estaciones aragonesas frente a las de otras regiones en las que no existe este impuesto y que por lo tanto, no se verán obligadas a subir los precios de sus servicios.
Este encarecimiento del esquí en Aragón y la consiguiente pérdida de competitividad y de clientes de sus estaciones acabará repercutiendo de manera grave en todos los negocios y empresas de la zona, dificultando e incluso propiciando la destrucción de empleo.
En los años en que estuvo vigente el impuesto por cable, ya se pudo apreciar los efectos que produjo en este valle. En primer lugar no resolvió ningún supuesto daño ambiental, ni supuso ninguna ventaja apreciable con relación a la preservación y protección del medio ambiente.
Sin embargo, sí que generó graves problemas económicos a nuestras estaciones, obligándolas a subir precios para pagar el impuesto, privándolas de competitividad y de capacidad para hacer inversiones y favoreciendo por lo tanto la pérdida de esquiadores y visitantes, lo que acabó repercutiendo negativamente sobre toda la economía del Valle del Aragón, que además, no se vio compensado con ningún tipo de inversión pública en el sector de la nieve, a diferencia de lo que sucedió en otros lugares de Aragón, donde sí que se realizaron ingentes inversiones públicas que redujeron el impacto negativo del impuesto.
Dada la situación de grave crisis que actualmente atraviesa el sector de la nieve, consideramos que en este momento la reintroducción del impuesto podría tener unos efectos todavía más perjudiciales para la economía de este valle, que tal vez no hayan sido apreciados con realismo y mesura por parte del Gobierno.
Por todo ello, reiteramos nuestro rechazo al restablecimiento del impuesto sobre el transporte por cable y pedimos al Gobierno de Aragón y al resto de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que se abandone definitivamente la idea de reintroducirlo, dadas las nefastas consecuencias que produciría, especialmente en un escenario de grave crisis de las empresas del sector.«
Interesados en ampliar información sobre el caso Impuesto sobre el daño mediambiental causado por la instalación de transportes por cable de la Comunidad Autónoma de Aragón pueden acceder al análisis del caso que en su momento realizó el economista zaragozano Saúl Pérez Martínez –Impuesto Cable caso–
